¿Cómo explicar lo inexplicable?

Los que leyeran hasta el final mi entrada de los concesionarios de coches del mes de mayo recordarán que estaba cabreado con que me engañaran en la campaña electoral prometiéndome unas medidas para que les votase y condenándome a otras porque no hay otra posibilidad y se me hubieran dicho las medidas reales, esas medidas que son las únicas posibles pero que son buenas para todos, no les hubiera votado.
Así que acepté casi de buen grado que me subieran los impuestos (y esto no ha acabado todavía); que renuncie a derechos que tenía si mi empresa quería (o necesitaba) despedirme, abaratando mi despido por el bien, se supone, del trabajo de todos; que mis amigos funcionarios tengan que trabajar más cobrando menos, si bien esto nos pasa a todos los que conservamos el curro; que aquellos cuyo trabajo dependía del Estado, con subvenciones o pagos de servicios, estén con un pie en la calle porque, según ellos, todos (me gustaría saber ¿quiénes?) hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.

Todo esto son alguno de los sacrificios que nos han pedido, perdón que ya empiezo a hablar como un político, que nos han obligado a hacer a la clase media de este país. ¿Y qué esfuerzos han hecho nuestra clase dirigente?: NINGUNO.


El año pasado, coincidiendo con la entrada reivindicativa de la renuncia a los privilegios de la clase política se publicaba una noticia de una propuesta de nuestro actual presidente del gobierno, entonces jefe de la oposición, sobre su cambio de opinión en el mantenimiento de sus privilegios. Pero ahora las cosas se ven con otra óptica y ese tema no debe ser removido.
Como tampoco remueven otros gastos tan criticados otrora como la traducción simultánea en el Senado, ni tantos otros.

Pero lo que me ha cabreado hoy para cambiar el tema de la entrada prevista (de momento pospuesta) ha sido la noticia de los dos años de indemnización que va a cobrar el señor Dívar por dimitir de su puesto.
Como yo no pertenezco a la casta privilegiada, si, por que me hagan la vida imposible los periódicos, o porque la señora de la limpieza no limpie bien mi mesa de la oficina o simplemente porque haya comenzado a aburrirme mi trabajo, decido despedirme de mi trabajo, mi empresa me pagará la parte del mes que haya trabajado, la parte de las pagas extras no cobradas y los días de vacaciones que me correspondan por la parte del año trabajada. Pero nada más. Y si he metido la mano en el cajón y me descubren y me despiden: lo mismo. Y en ambos casos el Estado no me va a pagar ni un euro, claro.

Pero si soy un alto funcionario del Estado no. Entonces tengo derecho a cobrar durante dos años el 80% de mi sueldo bruto, aunque continúe trabajando en otra empresa siempre que no sea pública (¡ya sólo faltaría!). Y esto es así porque las leyes, que hacen ellos, son así. Y que no nos engañen, no son leyes divinas, se pueden cambiar. Se podrían cambiar si quisieran, claro. Así que ¿CÓMO NO LOS VAMOS A CONSIDERAR UNA CASTA PRIVILEGIADA?


Yo, al final de la entrada de los concesionarios comentada al principio, decía que daba por bueno tener que conducir el utilitario azul que yo no había comprado. Lo que me j..., perdón, desasosiega es tener que seguir pagando superdeportivos de precios de F-1 a los que nos mandan.

Si yo fuera Mariano Rajoy tampoco haría debate del estado de la nación, no fuera que alguno fuera a pedirme explicaciones de este estilo, aunque lo dudo.

Carlos Dívar: cuando lo inmoral es legal

Parecen correr malos tiempos para la cosa pública. Instituciones que parecían no haberse contagiado de la corrupción están ahora en tela de juicio. la Corona, hace unos meses, y ahora la Justicia.

Quizás todos nos estemos volviendo suspicaces, como parece deducirse de la comparecencia del señor Dívar el jueves, pero veinte viajes a Marbella y todos en fin de semana es sospechoso, cuando menos.

Escuché el resumen que hicieron las radios de su comparecencia y creo que entendí que para él estaba claro que todos los viajes habían sido oficiales y que habían sido admitidos como tales por los encargados de auditar tales gastos porque con su palabra de que eran oficiales es suficiente. Esto, para mí, puede ser legal pero desde luego es inmoral, como indico en el subtítulo de la entrada. Y si algo legal es inmoral lo que falla no es la moralidad sino la legislación.

E incluso ahora, con todo el revuelo que ha causado el tema y con el daño que con él se ha hecho a las dos instituciones que preside (el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo), sigue sin aportar otro dato que acalle todas estas habladurías a no ser su palabra.

¿No hubiera sido más fácil llevar las actas del trabajo realizado en aquellos de estos viajes que no fueran materia reservada, con los horarios de las reuniones que justificasen los desplazamientos y estancia en los fines de semana? ¿No hubiera sido posible aportar los detalles de los otros veinte viajes por provincia o región (o como quiera que esté organizada la administración de la justicia) que habrá realizado para controlar todos los otros juzgados con el mismo celo demostrado que en los de la zona de Marbella?

Si yo estuviera en su puesto y no hubiera actuado aprovechándome de mi cargo para costearme viajes particulares habría hecho esto en comparecencia pública. Y si fuera Mariano Rajoy o Pérez Rubalcaba y quedase la sombra de sospecha que creo que queda, habría exigido o pedido la dimisión del señor Dívar. Quizás el presidente del gobierno no tenga la potestad de despedir al presidente del órgano máximo del gobierno de los jueces, atendiendo a la supuesta independencia de los poderes, aunque sí la tenga para nombrarlo, aunque sea como en este caso poniéndose de acuerdo con el partido en la oposición. Porque mira que son pocas las cosas en las que se ponen de acuerdo ambos partidos en los últimos tiempos y en lo que se ponen... ¡mira cómo acaba! ¿Habrá alguna razón para que ambos partidos quieran que permanezca el actual presidente en su cargo que no nos puedan explicar? Espero que no.

Al hilo de las excusas o explicaciones que dio pienso que los gastos a que se refiere el hecho pueden no ser excesivos ni, seguramente, significativos en el global del presupuesto de estas instituciones, pero eso no es lo importante. Lo verdaderamente importante es que las personas que administran los recursos públicos tiene que ser extraordinariamente honestos. Como se decía de la mujer del César, tienen que ser y parecer honestos. Y no sólo los miles de euros son importantes, hasta los céntimos. No todos los españoles debemos ser iguales ante la ley, sino que los que ostenten un mayor poder tienen que tener una mayor responsabilidad (esto quizás debería ser objeto de una entrada aparte).

Segundo, que no se haya sobrepasado el gasto de representación previsto no quiere decir que los gastos sean correctos. Puede ser que no se haya empleado en lo que se necesita, que no tengo yo muy claro según qué cargos del estado que necesiten un presupuesto para representación, o que el presupuesto sea mayor de lo necesario. En cualquier caso porque un concepto se presupueste, sobre todo si es en gasto, no obliga a que se gaste. Si se puede ahorrar mejor que mejor ¿no?

Finalmente, en cuanto a la supuesta suntuosidad de los hoteles en los que se alojó, se podría solucionar de una forma muy simple: así como se obligó a los laboratorios farmacéuticos a suministrar sus medicamentos a unos precios acordados si querían trabajar con el sistema sanitario público, igualmente se podría hacer con los establecimientos hosteleros: acordar unas tarifas, más reducidas que las normales en función del volumen de servicios que se contratan, variables en función de la categoría del personaje público a alojar, y ofrecérselas a los establecimientos para que decidan acogerse o no. Cuando hay viajes oficiales sólo se podrían escoger las empresas adheridas al plan.

Afuera aparte, que diría mi admirado locutor Carlos Herrera, alguien debería encargarse de explicarnos qué clase de gastos reservados puede tener un presidente del Consejo del Poder Judicial. ¿acaso entre sus misiones está la de sobornar a alguien?