Carlos Dívar: cuando lo inmoral es legal

Parecen correr malos tiempos para la cosa pública. Instituciones que parecían no haberse contagiado de la corrupción están ahora en tela de juicio. la Corona, hace unos meses, y ahora la Justicia.

Quizás todos nos estemos volviendo suspicaces, como parece deducirse de la comparecencia del señor Dívar el jueves, pero veinte viajes a Marbella y todos en fin de semana es sospechoso, cuando menos.

Escuché el resumen que hicieron las radios de su comparecencia y creo que entendí que para él estaba claro que todos los viajes habían sido oficiales y que habían sido admitidos como tales por los encargados de auditar tales gastos porque con su palabra de que eran oficiales es suficiente. Esto, para mí, puede ser legal pero desde luego es inmoral, como indico en el subtítulo de la entrada. Y si algo legal es inmoral lo que falla no es la moralidad sino la legislación.

E incluso ahora, con todo el revuelo que ha causado el tema y con el daño que con él se ha hecho a las dos instituciones que preside (el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo), sigue sin aportar otro dato que acalle todas estas habladurías a no ser su palabra.

¿No hubiera sido más fácil llevar las actas del trabajo realizado en aquellos de estos viajes que no fueran materia reservada, con los horarios de las reuniones que justificasen los desplazamientos y estancia en los fines de semana? ¿No hubiera sido posible aportar los detalles de los otros veinte viajes por provincia o región (o como quiera que esté organizada la administración de la justicia) que habrá realizado para controlar todos los otros juzgados con el mismo celo demostrado que en los de la zona de Marbella?

Si yo estuviera en su puesto y no hubiera actuado aprovechándome de mi cargo para costearme viajes particulares habría hecho esto en comparecencia pública. Y si fuera Mariano Rajoy o Pérez Rubalcaba y quedase la sombra de sospecha que creo que queda, habría exigido o pedido la dimisión del señor Dívar. Quizás el presidente del gobierno no tenga la potestad de despedir al presidente del órgano máximo del gobierno de los jueces, atendiendo a la supuesta independencia de los poderes, aunque sí la tenga para nombrarlo, aunque sea como en este caso poniéndose de acuerdo con el partido en la oposición. Porque mira que son pocas las cosas en las que se ponen de acuerdo ambos partidos en los últimos tiempos y en lo que se ponen... ¡mira cómo acaba! ¿Habrá alguna razón para que ambos partidos quieran que permanezca el actual presidente en su cargo que no nos puedan explicar? Espero que no.

Al hilo de las excusas o explicaciones que dio pienso que los gastos a que se refiere el hecho pueden no ser excesivos ni, seguramente, significativos en el global del presupuesto de estas instituciones, pero eso no es lo importante. Lo verdaderamente importante es que las personas que administran los recursos públicos tiene que ser extraordinariamente honestos. Como se decía de la mujer del César, tienen que ser y parecer honestos. Y no sólo los miles de euros son importantes, hasta los céntimos. No todos los españoles debemos ser iguales ante la ley, sino que los que ostenten un mayor poder tienen que tener una mayor responsabilidad (esto quizás debería ser objeto de una entrada aparte).

Segundo, que no se haya sobrepasado el gasto de representación previsto no quiere decir que los gastos sean correctos. Puede ser que no se haya empleado en lo que se necesita, que no tengo yo muy claro según qué cargos del estado que necesiten un presupuesto para representación, o que el presupuesto sea mayor de lo necesario. En cualquier caso porque un concepto se presupueste, sobre todo si es en gasto, no obliga a que se gaste. Si se puede ahorrar mejor que mejor ¿no?

Finalmente, en cuanto a la supuesta suntuosidad de los hoteles en los que se alojó, se podría solucionar de una forma muy simple: así como se obligó a los laboratorios farmacéuticos a suministrar sus medicamentos a unos precios acordados si querían trabajar con el sistema sanitario público, igualmente se podría hacer con los establecimientos hosteleros: acordar unas tarifas, más reducidas que las normales en función del volumen de servicios que se contratan, variables en función de la categoría del personaje público a alojar, y ofrecérselas a los establecimientos para que decidan acogerse o no. Cuando hay viajes oficiales sólo se podrían escoger las empresas adheridas al plan.

Afuera aparte, que diría mi admirado locutor Carlos Herrera, alguien debería encargarse de explicarnos qué clase de gastos reservados puede tener un presidente del Consejo del Poder Judicial. ¿acaso entre sus misiones está la de sobornar a alguien?